La Cámara de Senadores aprobó este jueves una ley promovida por el ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas para incentivar la producción de cannabis y cáñamo a base industrial con destino de exportación, que tuvo el respaldo de la mayoría de Cambiemos y sería sancionada en Diputados en las próximas semanas.

"Estamos dando las herramientas necesarias para que el Cannabis salga del ámbito de la clandestinidad, que dejemos de lado esa visión de la planta de marihuana y lo pongamos en valor en materia productiva, industrial, de trabajo y también como una herramienta de exportación", celebró Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, uno de los promotores de la ley que no estuvo exenta de tensiones porque los gobernadores reclaman mayor participación en la habilitación de plantaciones realizadas en sus tierras. 

Pero la expectativa económica pudo más: según datos del Ministerio de desarrollo Productivo, el proyecto puede generar 10.000 puestos nuevos de trabajo hasta el año 2025 y 50 millones de dólares anuales. 

Sólo cinco senadores de Cambiemos votaron en contra, molestos por las facultades que tendrá la  Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el organismo descentralizado creado para promover la producción de estos productos para su medicinal, que en el Gobierno confían en convertir en una fuente de divisas y de empleo.

Estamos dando las herramientas necesarias para que el Cannabis salga del ámbito de la clandestinidad, que dejemos de lado esa visión de la planta de marihuana y lo pongamos en valor en materia productiva, industrial, de trabajo y también como una herramienta de exportación.

No les alcanzaron los retoques realizados por los senadores del Frente de Todos en comisión, que garantizaron los proyectos que hay en desarrollo en las provincias y crearon un Consejo Federal con representantes de los gobernadores, que podrá ser convocado por la Agencia si el 40% de sus integrantes lo requieren. 

O sea, Kulfas tendrá su agencia para controlar la producción y el comercio de estos productos, pero con los gobernadores monitoreándolos de cerca. Su argumento para omitirlos, durante el debate en comisión, es que para producir cannabis y venderlo son necesarias exenciones penales y autorizaciones internacionales, trámites realizables desde la Casa Rosada. 

La reglamentación deberá determinar los alcances de esos procedimientos que concentrará el ministro, como también su adecuación a emprendimientos de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de sus representantes, como la ONG Mamá Cultiva, celebraron la ley desde el balcón del recinto.

"Vemos una gran oportunidad para todas las regiones de nuestro país de desarrollar una amplia cadena productiva", destacó la mendocina Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos. Y aportó algunos datos sobre el cáñamo, las partes de la planta de cannabis y sus producidos, que serán incluidas con un máximo de concentración THC que se establezca en la reglamentación.

Sol Vázquez (Bloque FdT)

"Se le puede dar un aprovechamiento integral, que generaría más de 10.000 puestos de trabajo en tres años, y, según un estudio de la UBA, podríamos estar hablando de un mercado interno de unos 500 millones de dólares anuales en el mediano plazo. Es una oportunidad histórica", explicó la senadora.

El miembro informante del oficialismo fue Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura. "La legalización del uso terapéutico y medicinal del cannabis ha dado un importante impulso a una industria global que tiene un enorme potencial de crecimiento".

La cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, lideró el rechazo. "Parece que quieren liquidar el campo, pero ahora quieren salir a generar la industria de la marihuana con el control del Ejecutivo nacional y sin la facultad de intervención de las provincias".

No estuvo de acuerdo su compañero de interbloque Mario Fiad, radical de Jujuy, una de las provincias con plantaciones en marcha. "Apoyo el impulso que se le quiere dar a esta actividad, en especial teniendo en cuenta que Jujuy ha liderado con su emprendimiento los programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales".

Cristina López Valverde, oficialista y de San Juan, otra tierra con plantaciones promovidas por el gobierno local, tuvo menos expectativas y le pidió a Kulfas que en la reglamentación le garantice a las provincias una opinión vinculante. Por ahora no está en los planes.